En Cultura terminó el Carnaval y comenzó el Viernes Santo

 

Ticio Escobar responde a las declaraciones de la Ministra de Cultura del gobierno de facto, Graciela Bartolozzi, publicadas en el Diario Última Hora del miércoles 24 de octubre, sección Artes y Espectáculos, página 35.

El dicho de la ministra de que “terminó el Carnaval en Cultura”, merece dos observaciones.

Cualquier persona que entiende algo de los procesos culturales, sabe que el carnaval es el logotipo de la cultura: cohesiona comunidad, despierta la alegría colectiva, apela a la música, la danza, la representación y la visualidad como recursos para abrir una escena paralela que sostenga el pacto social. Por otra parte, si la ministra no se enteró de este concepto y considera despectivamente el término “carnaval”, entonces está agraviando a los más de dos mil artistas que trabajaron con la SNC durante los últimos años, así como a los pensadores, intelectuales, escritores, lingüistas, antropólogos y los funcionarios y técnicos que sostuvieron con esfuerzo un modelo de cultura que tuvo sus logros.

Queda la posibilidad de que la ministra haga una autocrítica realista: todos sabemos que sí terminó el carnaval en Cultura y comenzó el Viernes Santo: la tristeza, la parálisis de toda actividad, la sordidez de la ineptitud y la inminencia de tiempos oscuros. 

La Secretaría se encuentra detenida, en estado de duelo; congelada, no sólo por la cantidad de funcionarios exiliados a los freezers, sino por el destiempo durante el cual ningún proyecto se cumple, ninguna acción se realiza.

A la ministra de Cultura corresponde la rectoría de las políticas públicas en los asuntos culturales. Estas políticas tienen dimensión estatal: quien se encargue de diseñar y aplicar tales políticas debe, obviamente, ser una persona ampliamente idónea en su cargo. Ya sabemos que la Sra. Bartolozzi no lo es, no tiene absolutamente ninguna formación en temas culturales y carece de nociones y prácticas relativas a las políticas públicas. No sólo se encuentra desprovista de información acerca del concepto y el diseño de políticas, sino que no tiene idea ni experiencia alguna en lo relativo a gestión de proyectos culturales.

Una de las principales cuestiones que debe enfrentar el titular de la cartera de Cultura es afirmar la especificidad de la lógica de la cultura, diferenciándola de la pura administración. No es que exista un conflicto entre administración y cultura, pero lamentablemente nuestro sistema jurídico político no prevé las particularidades e inflexiones que requiere una acción básicamente cualitativa y basada en valores. De modo que lo administrativo, sin perder su propio ámbito normativo y ejecutivo, debe ser adecuado con inteligencia a los proyectos culturales: de otro modo éstos jamás serán aplicados. No es de extrañar que la ministra aduzca razones puramente administrativas para atacar a la administración anterior y cubrir así su inoperancia. Ojalá no sea esa su única actividad. Buscando proactivar quehaceres, invito a la Sra. ministra a un debate público, ante la comunidad cultural, para tratar el concepto, el diseño y la ejecución de políticas públicas.

Es que, según la ley 3051, corresponde a la ministra ocuparse de las políticas estatales en materia de Cultura. Ese es su trabajo fundamental. Tales políticas deben ser participativas, incluyentes y basadas en procesos de constitución que incluyan instancias y actores diversos. Si la Sra. Bartolozzi habla de anarquía en la gestión anterior de la SNC, se está refiriendo -debería estar refiriéndose- a un caos en la aplicación de sus políticas. Entonces cabe preguntar, cuáles son las políticas culturales de la señora, cómo se gestaron, en qué pueden rectificar las anteriores, en qué programas habrán de traducirse. Pues hasta ahora, no aparecen por ningún lado. Tanto, que esa falta debe ser llenada con imputaciones de tipo administrativo. 

No obstante, ya que están, me refiero, rápidamente a algunas de estas acusaciones:

Lamento que se estén por devolver los fondos de Itaipú: esos 913 millones de guaraníes estaban siendo negociados por la administración anterior de la Binacional para que queden en los presupuestos de Cultura (formaban parte de un lote de un millón de dólares otorgado en diciembre de 2010 y, por lo tanto, sin posibilidades de ser plenamente ejecutado). 

En cuanto a los fondos de apoyo a la participación de la ciudadanía: la ministra debería estar informada que existen Fondos Concursables (que en todos los casos fueron sometidos a concurso) y Apoyo a Proyectos Ciudadanos, basado éste en invitaciones de la Secretaría a personas e instituciones cuyos programas refuerzan las políticas de la institución (le sugiero que revea su posición de abortar estos programas). 

Otro punto: si se hacen licitaciones para nuevos insumos, aun habiendo stock pendiente, es por previsión administrativa: la SNC no puede correr el riesgo de quedar paralizada (como lo está, por otros motivos). Resulta lamentable que se haya desmontado la oficina de la Arq. Mabel Causarano por razones “preventivas”, invocando un robo (una “sustracción violenta”, según la legislación). Con relación a Ciudadela, el cumplimiento de las obras, retrasadas por cierto, depende hoy de la capacidad ejecutiva de la ministra. 

Otro: los funcionarios que trabajan (o trabajaban) en promoción cultural y otras acciones relativas a eventos no podían marcar tarjeta porque sus tareas no tenían horarios (considero más productivo medir por resultados el rendimiento laboral, sobre todo en cultura). No parece, por otra parte, una política recomendable “hacer ahorrar al Estado” debiendo viáticos a funcionarios encargados de descentralizar la gestión cultural. Además, el rubro de viáticos está previsto por el presupuesto aprobado por el Congreso: es ley de la Nación. “La salida en masa del cuadro directivo de la institución” significa la decapitación de los máximos especialistas en las direcciones generales, que de hecho tienen rango viceministerial: la eliminación de estos cuadros significa un golpe mortal para cualquier administración, máxime si ésta es provisional y tiene como principal cometido asegurar que llegue a buen puerto la administración anterior: es decir, evitar el caos.